El desarrollo del riego en Uruguay ha tomado protagonismo en la agenda política y productiva del país. El discurso del presidente Yamandú Orsi el pasado 1º de marzo reafirmó la importancia de esta práctica para la sostenibilidad del sector agropecuario y la economía nacional. Daniel Rubio, integrante de Regadores Unidos del Uruguay, analizó el contexto actual y las perspectivas de implementación de políticas de riego.
Rubio destacó que la coincidencia entre los diferentes partidos políticos sobre la necesidad de impulsar el riego genera expectativas positivas. "Todos los candidatos pusieron el riego como una prioridad, con la perspectiva de generar impacto en la economía y el empleo en el interior", afirmó, y aseguró que el desafío ahora radica en la ejecución efectiva de estrategias que aceleren su implementación.
El impacto de la sequía de 2023, con pérdidas superiores a los 1.700 millones de dólares, evidenció la urgencia de establecer medidas concretas. En este sentido, Rubio planteó que la clave está en desarrollar pequeñas cuencas y represas de mediana escala. "Hablamos de represas de dos millones de metros cúbicos, organizadas por zonas agrícolas, ganaderas y lecheras, con el objetivo de alcanzar 200.000 hectáreas bajo riego en un período de gobierno", explicó.
Uno de los aspectos cruciales para la expansión del riego es su financiamiento. Según Rubio, existen fuentes viables de inversión, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco República, que podrían respaldar un plan nacional de riego. Además, propone la creación de una figura similar a los desarrolladores de la construcción para gestionar y promover proyectos de riego a nivel privado, con apoyo del Estado en términos de incentivos fiscales y regulación.
En cuanto a la rentabilidad, Rubio advirtió que actualmente los costos de riego en Uruguay están en el límite de la rentabilidad para los productores medianos y grandes, en particular para cultivos como maíz y soja. "La rentabilidad depende mucho de los costos energéticos y de los precios internacionales de los granos. Hoy, sin los beneficios de la COMAP y con los costos actuales de la energía, es un desafío", señaló.
Uno de los obstáculos para una planificación eficiente es la falta de estadísticas actualizadas sobre las áreas bajo riego en Uruguay. Desde Regadores Unidos estiman que actualmente existen entre 70.000 y 80.000 hectáreas con sistemas de riego, pero no hay datos oficiales precisos. "Es un problema grave. No tenemos información en tiempo real sobre áreas sembradas, lo que afecta la toma de decisiones estratégicas", indicó Rubio, quien consideró que la modernización de las estadísticas agropecuarias es una necesidad urgente para mejorar la competitividad del sector.
La implementación de sistemas de riego requiere una inversión significativa. Actualmente, en un esquema de represa monopredial, el costo por hectárea ronda los 4.500 dólares. Sin embargo, Rubio señaló que un enfoque multipredial podría reducir esta inversión y hacerla más accesible.
