Andrés Migliaro, contador del estudio Migliaro de Salto, comentó que hoy el balance de una misma empresa se presenta en tres organismos del Estado distintos, con los mismos números pero en tres formatos diferentes. Ese ejemplo cotidiano resume, según explicó Valor Agrícola, el problema central que busca resolver el Proyecto de Ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida: la multiplicación de trámites que encarece y traba la actividad del sector privado.
Migliaro puso como ejemplo su propia actividad diaria. Para una misma empresa, con los mismos números, el estudio presenta el balance en la DGI con un formato, en otro organismo del Estado con un formato distinto, y en COMAP con un tercer formato. "¿Qué le agregás ahí? Costo y costo”, resumió. A eso se suma que los bancos piden nuevamente el mismo balance, y que todavía algunos exigen el formato papel pese a que "estamos en la era digital".
Sobre las medidas específicas para el sector, Migliaro destacó la simplificación de la solicitud de IMEBA para productores agropecuarios más chicos, de forma que puedan acceder al crédito fiscal sin necesidad de un informe contable completo. Sumó a esa lista la agilización del registro en el sistema de bioseguridad para productos veterinarios, la trazabilidad para frutas y hortalizas, y la digitalización de trámites en la cadena forestal, hoy mayormente en papel pese al crecimiento del sector.
Comercio exterior y costo para el consumidor
Consultado por el impacto de medidas como la ventanilla única marítima, Migliaro aclaró que el proyecto todavía está en tratamiento parlamentario y que su implementación llevará tiempo. De todos modos, señaló que la simplificación del despacho aduanero y el reconocimiento de aprobaciones sanitarias ya otorgadas en países con trayectoria reducirían el costo de los productos importados, con impacto directo en el precio final para el consumidor uruguayo.
Aprobación ficta para destrabar inversiones
Otro punto que valoró es la aprobación ficta prevista para trámites sin incidencia directa en la salud o la seguridad pública. Migliaro citó el caso de proyectos de inversión que llevan dos o tres años sin resolución en COMAP, lo que termina frenando la decisión del inversor. "Si pasaron cuatro meses y no tenemos una aprobación real por parte del organismo regulatorio, que salga una aprobación ficta y el privado pueda continuar con su actividad", planteó.
Un sistema único para la cadena cárnica, todavía sin definir
Sobre el sistema digital único para la cadena cárnica, Migliaro adelantó que probablemente quede bajo la órbita del INAC, que regularía la trazabilidad completa desde el animal hasta el producto en góndola. Aclaró que, al estar la ley en tratamiento, el Poder Ejecutivo todavía no definió cómo se implementaría en la práctica.
Migliaro cerró con una reflexión sobre el valor de la iniciativa más allá de sus medidas puntuales. Consideró positivo que el sistema político tome conciencia del costo que representa la burocracia estatal para el sector privado, y advirtió que la acumulación de costos, trámites y tiempos muchas veces termina volviendo inviable un negocio o un emprendimiento. "Hay que seguir y ver cómo se implementan todas estas propuestas a través del Poder Ejecutivo y las diferentes dependencias", concluyó.
