Uruguay enfrenta nuevamente un volumen importante de eventos genéticamente modificados pendientes de evaluación, principalmente en soja y maíz, una situación que genera preocupación en el sector por el riesgo de quedar rezagado frente a los países vecinos, según lo planteó el gerente de la Cámara Uruguaya de Semillas, el ingeniero agrónomo Agustín Damboriarena, en diálogo con Valor Agregado de radio Carve.
Según explicó, hacia el final del período de gobierno de Luis Lacalle Pou se concretó un conjunto de aprobaciones que permitió adelantar parte del rezago existente. Sin embargo, en los últimos dos años volvió a incrementarse el número de solicitudes presentadas por las empresas, producto del trabajo de investigación y desarrollo realizado en 2024 y 2025. Hoy el país tiene en análisis unos 18 eventos, de los cuales siete corresponden a soja y once a maíz, y cerca de la mitad ingresaron al sistema en ese bienio.
Damboriarena recordó que el proceso de autorización implica varias etapas y niveles. Las empresas presentan la información técnica del evento —incluyendo su desarrollo y los genes involucrados— y esa documentación es evaluada por grupos técnicos que integran la Comisión de Gestión del Riesgo, con participación de los Ministerios de Ganadería, Industria, Relaciones Exteriores, Salud Pública y Economía. A partir de esos informes, el expediente llega al Gabinete Nacional de Bioseguridad, integrado por seis ministros, que define la aprobación o el rechazo.
En condiciones normales, este trámite insume alrededor de dos años, pero cuando las instancias finales se dilatan, los plazos pueden extenderse considerablemente. “La clave está en que no se atrasen las reuniones de gabinete, porque eso hace que una autorización que debería demorar dos años termine llevando tres, cuatro o cinco”, advirtió.
Consultado sobre la eventual incidencia de factores políticos o ideológicos, el gerente de la Cámara sostuvo que el análisis es eminentemente técnico y está respaldado por profesionales de distintas disciplinas. Si bien reconoció que los ministros tienen la última palabra, confió en que la solidez de las evaluaciones técnicas debería primar sobre cualquier consideración ajena a ese criterio.
En comparación con Brasil y Argentina, Uruguay había logrado en los últimos años acortar la brecha en materia de tecnologías habilitadas. De todos modos, Damboriarena alertó que una nueva acumulación de expedientes sin resolución puede volver a generar un atraso con impacto directo en la competitividad y en el acceso a mercados. “El 99% del maíz y prácticamente toda la soja utilizan organismos genéticamente modificados. Son tecnologías clave para dos cultivos centrales de la agricultura uruguaya”, señaló.
Respecto al tipo de innovaciones en evaluación, explicó que no se trata tanto de eventos específicos para sequía o estrés térmico, sino de combinaciones tecnológicas que mejoran la eficiencia frente a insectos y herbicidas. Estos “eventos apilados” integran distintas herramientas en un mismo material, permitiendo mayor eficacia productiva. A eso se suma el avance de la edición génica, una tecnología más rápida y menos costosa, que Uruguay ya tiene regulada y disponible.
