La presidenta de la Unión de Exportadores, Carmen Porteiro fue convocada al Parlamento donde se reunió con la comisión de legisladores para analizar el proyecto de Ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida que presentó hace unos días el ministro Gabriel Oddone. En rueda de prensa Porteiro, calificó el texto como un avance y adelantó que su gremial seguirá de cerca la instancia parlamentaria.
El proyecto sustituye los certificados por declaraciones juradas en importaciones y exportaciones, con control posterior de la DGI. Alcanza a 25.000 trámites, el 15% del comercio exterior anual del país. El canal rojo aduanero quedará limitado a criterios de riesgo, y se suma el autodespacho para operadores habilitados, acordado con la Asociación de Despachantes de Aduana.
Porteiro valoró puntualmente la sustitución de certificados por declaraciones juradas. “La declaración jurada simplifica frente a un proceso administrativo que lleva tiempo y costo”, afirmó. Aclaró que su aplicación dependerá de la gestión de riesgo: a menor riesgo, trámite simplificado; a mayor riesgo, controles más estrictos. Anticipó, además, que buena parte de la letra chica se definirá recién en los decretos reglamentarios.
“Este proyecto de ley es un paso más en el sentido correcto”, afirmó Porteiro. “Hay que profundizar en temas que no están cubiertos por la ley”, aclaró. Sobre los plazos ciertos y los silencios administrativos positivos, dijo que aportan previsibilidad tanto a empresas ya instaladas como a la atracción de nuevas inversiones, en un contexto de alta competencia internacional por capitales.
Consultada por el conflicto en la Terminal Cuenca del Plata, remarcó que por el puerto sale buena parte de la exportación uruguaya y lo definió como “la puerta de salida del trabajo de muchos uruguayos”. Contó que las cámaras empresariales ya habían emitido un comunicado conjunto semanas atrás y confió en una pronta resolución, aunque evitó anticipar cifras sobre el impacto económico mientras continúa la negociación.
