El conflicto que atraviesa la Terminal Cuenca del Plata (TCP) volvió a poner en el centro de la escena la salida exportadora del país. Si en 2025 el puerto de Montevideo acumuló más de 30 días con disrupciones operativas, en lo que va de 2026 la cifra ya llegó a 25, un ritmo que llevó a cinco de las principales gremiales empresariales a exigir, en un comunicado fechado el 8 de julio, una intervención urgente del Poder Ejecutivo.
El documento lleva la firma de la Asociación Rural del Uruguay, la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, la Cámara de Industrias del Uruguay, la Cámara Mercantil de Productos del País y la Unión de Exportadores del Uruguay. Las organizaciones plantearon una pregunta directa: "¿Hasta cuándo se admitirá que conflictos particulares sigan manteniendo en jaque al comercio exterior del país y, como consecuencia de ello, a su economía?".
Las gremiales marcaron además una contradicción con la agenda oficial. Mientras el gobierno remitió al Parlamento un proyecto de ley que busca mejorar la competitividad y bajar el costo de vida, señalaron que "se permite la generación de sobrecostos y se profundizan los problemas de conectividad", con impacto directo sobre la competitividad empresarial. La referencia apunta al proyecto de Competitividad y Reducción del Costo de Vida, presentado por el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, que ingresó al Senado el 18 de junio con más de 240 artículos orientados a simplificar trámites.
"El puerto de Montevideo no debe, ni por un conflicto ni bajo ninguna otra circunstancia, detener su actividad. Es urgente que el Poder Ejecutivo adopte medidas para subsanar esta situación y asegurar el normal desarrollo de sus actividades en el futuro", cierra el comunicado.
El conflicto en la Terminal Cuenca del Plata
TCP es operada por la empresa belga Katoen Natie y el conflicto involucra al sindicato de la planta, integrante del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (SUPRA). Según su presidente, Álvaro Reinaldo, la negociación lleva casi dos meses sin acuerdo. Desde el 1° de julio el sindicato mantiene paros por tiempo indeterminado, luego de medidas previas iniciadas el 22 de junio que acumularon más de 130 horas de interrupción.
El reclamo sindical pasa por un bono de 50.000 pesos líquidos mensuales para cada trabajador durante la negociación, o bien la garantía de 25 jornales por mes a todo el personal, haya o no trabajo disponible. La empresa calificó ese planteo de "inviable" e "improcedente" por considerarlo ajeno a una negociación colectiva de buena fe. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social propuso una mediación con un calendario intensivo de seis semanas, que Katoen Natie aceptó por tratarse de "una oportunidad seria y equilibrada", pero que el sindicato terminó rechazando.
En medio del conflicto, TCP garantizó el abastecimiento de agua potable a un buque pese a la medida sindical vigente. La empresa explicó que la decisión respondió a la necesidad de asegurar un servicio esencial para la tripulación, ante la negativa del sindicato a realizar esa tarea.
Comercio exterior y la agenda exportadora
Para las gremiales firmantes, la reiteración de estos episodios pone en riesgo el "mejor aprovechamiento" de los acuerdos comerciales negociados en los últimos años, entre ellos el firmado entre el Mercosur y la Unión Europea. El comunicado sostiene que, para capitalizar esas oportunidades, "es imperativo tener abiertas las puertas que nos unen al mundo", en momentos en que operadores del comercio exterior vienen advirtiendo sobre la necesidad de una capacidad de respuesta ágil para no perder cupos de exportación disponibles.
