El gerente general de Forestal Atlántico Sur, Nelson Ledesma, analizó en Valor Agregado de VTV la realidad del sector forestal, marcado por un escenario internacional de alta incertidumbre y un contexto local con trabas regulatorias.
Ledesma destacó que en Uruguay hay actualmente tres proyectos de inversión en marcha: el de Lumin de tableros en Cerro Largo, el nuevo aserradero de Grupo Otegui en Rivera y el emprendimiento de Braspine, que tramita permisos para instalar un aserradero de pino. “El sector sigue invirtiendo a pesar de las dificultades externas y de las crecientes regulaciones internas”, señaló.
Consultado sobre la coyuntura, el ejecutivo recordó que la actividad forestal se proyecta en horizontes de 15 a 30 años. “No podemos tomar decisiones por un año o dos. El sector ofrece un gran potencial para las generaciones futuras en cuanto a productos sostenibles”, afirmó.
Uno de los puntos críticos, según Ledesma, es la burocracia estatal. “El gobierno central puede tener buenas intenciones, pero cuando se baja a la ventanilla chica aparecen regulaciones discrecionales, prejuicios y tiempos perdidos que desmotivan a los inversores”, cuestionó. En ese sentido, planteó una autocrítica: “Me pregunto por qué Uruguay no captó el proyecto Sucuriú de Arauco, que invertirá cerca de 5.000 millones de dólares en Brasil”.
En el plano internacional, Ledesma describió un panorama complejo. La exportación de rolos de eucaliptus cayó 60% en volumen y la de pino un 25% en lo que va del año. Además, la producción de chips permanece estancada y algunas plantas debieron detener operaciones por la baja del precio de la celulosa, que ronda los US$ 500 la tonelada, lejos de los US$ 650 necesarios para sostener la rentabilidad de las fábricas menos eficientes.
A pesar de este escenario, el ingreso de divisas por exportaciones de celulosa se mantuvo firme: a fines de julio se habían registrado unos US$ 1.350 millones por un volumen cercano a 2,4 millones de toneladas, similar al año pasado.
Sobre la nueva prórroga de la Unión Europea en la aplicación de su normativa contra la deforestación, Ledesma afirmó que Uruguay llega bien posicionado gracias a su marco legal. “Desde la ley forestal de 1987, todas las plantaciones están reguladas y eso nos califica como país de bajo riesgo. Ya trabajamos con clientes europeos aplicando la documentación necesaria para demostrar la legalidad de la madera”, explicó.
